Frente a la falta de una autoridad competente, de un sistema social justo, de falta de oportunidades para salir de la pobreza y, sobre todo, de la necesidad de establecer un orden en la sociedad y en el desempeño de sus funciones, ejemplos como las comunas de Medellín o las favelas de Brasil demuestran el mito que representa la consolidación de un Estado-Nación frente a una problemática que está alcanzado dimensiones insostenibles; el desarrollo de un "sistema jurídico" basado en la violencia y el negocio de las drogas, principalmente, que no sólo ha desafiado al Estado a un nivel social sino que ahora cuestiona también la validez de éste como único sistema jurídico dentro de lo que se puede considerar como "Estado".
En ejemplos como el documental "La Sierra", que trata la crisis de las comunas de Medellín, o el artículo de John Lee Anderson sobre las favelas en Brasil, se encuentra cómo, en consecuencia por la violencia y la necesidad de una autoridad que organice a la población, las comunas y las favelas han cedido su capacidad de ejercer y defender sus derechos a organizaciones capaces de "hacer justicia" por ellos, realizando actos ilegales y atroces para este propósito. La gran pregunta que surge de esto es si se puede considerar a esto como un sistema jurídico, o simplemente como una problemática social que ha alcanzado un nivel incontrolable para el gobierno.
Por un lado, se puede observar que la intervención del Estado en las favelas y en las comunas se da principalmente en la ejecución del supuesto monopolio de la fuerza, para garantizar la seguridad de las habitantes de estas regiones y capturar a aquellos que han violado la ley. Sin embargo, es difícil considerar que la ley llegue a sitios remotos en donde no llega la cobertura social ni una de las funciones principales de un Estado social de derecho , entre otras, que, como bien lo dice la Constitución de Colombia, consiste en "la prevalencia del interés general". ¿Qué ley están haciendo respetar entonces las autoridades del gobierno, si no existe este gobierno dentro de las favelas o las comunas? Es claro que un Estado-Nación no se compone únicamente de la capacidad de coercitividad, por lo que resulta coherente que se desarrolle al interior de estos territorios una fuerza que responda por los problemas sociales y no por las cuestiones legales de un país que no se ha interesado por ellos.
Sin embargo, por otro lado, aceptar un pluralismo juridico para estos casos representa el fracaso del Estado y sobre todo, la imposición de cualquier medio cotrollador bajo una premisa de justicia social, que, como lo muestra claramente los ejemplos de las comunas y las favelas, está muy lejos de ser lo más conveniente para el interés general y el desarrollo de una sociedad. La organización de una fuerza capaz de actuar no define a un sistema jurídico, sino su capacidad para hacer que la validez y sus premisas constitucionales sean eficaces tanto en los sitios más ricos como en los más pobres.
Es por esto que, a partir de las condiciones "jurídicas" presentes en las comunas de Medellín o en las favelas de Rio de Janeiro, se puede cuestionar la validez de un sistema juridico, las imposiciones dentro de un Estado y el papel que juega éste frente a la sociedad; ¿Por qué se deben cumplir las leyes? ¿Hasta qué punto es válida una ley que no es eficaz?
- Carlos Valenzuela
En ejemplos como el documental "La Sierra", que trata la crisis de las comunas de Medellín, o el artículo de John Lee Anderson sobre las favelas en Brasil, se encuentra cómo, en consecuencia por la violencia y la necesidad de una autoridad que organice a la población, las comunas y las favelas han cedido su capacidad de ejercer y defender sus derechos a organizaciones capaces de "hacer justicia" por ellos, realizando actos ilegales y atroces para este propósito. La gran pregunta que surge de esto es si se puede considerar a esto como un sistema jurídico, o simplemente como una problemática social que ha alcanzado un nivel incontrolable para el gobierno.
Por un lado, se puede observar que la intervención del Estado en las favelas y en las comunas se da principalmente en la ejecución del supuesto monopolio de la fuerza, para garantizar la seguridad de las habitantes de estas regiones y capturar a aquellos que han violado la ley. Sin embargo, es difícil considerar que la ley llegue a sitios remotos en donde no llega la cobertura social ni una de las funciones principales de un Estado social de derecho , entre otras, que, como bien lo dice la Constitución de Colombia, consiste en "la prevalencia del interés general". ¿Qué ley están haciendo respetar entonces las autoridades del gobierno, si no existe este gobierno dentro de las favelas o las comunas? Es claro que un Estado-Nación no se compone únicamente de la capacidad de coercitividad, por lo que resulta coherente que se desarrolle al interior de estos territorios una fuerza que responda por los problemas sociales y no por las cuestiones legales de un país que no se ha interesado por ellos.
Sin embargo, por otro lado, aceptar un pluralismo juridico para estos casos representa el fracaso del Estado y sobre todo, la imposición de cualquier medio cotrollador bajo una premisa de justicia social, que, como lo muestra claramente los ejemplos de las comunas y las favelas, está muy lejos de ser lo más conveniente para el interés general y el desarrollo de una sociedad. La organización de una fuerza capaz de actuar no define a un sistema jurídico, sino su capacidad para hacer que la validez y sus premisas constitucionales sean eficaces tanto en los sitios más ricos como en los más pobres.
Es por esto que, a partir de las condiciones "jurídicas" presentes en las comunas de Medellín o en las favelas de Rio de Janeiro, se puede cuestionar la validez de un sistema juridico, las imposiciones dentro de un Estado y el papel que juega éste frente a la sociedad; ¿Por qué se deben cumplir las leyes? ¿Hasta qué punto es válida una ley que no es eficaz?
- Carlos Valenzuela
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