Al recordar un poco los orígenes de la cultura y la sociedad en América latina, resulta contradictorio pensar en cómo un derecho occidental, “exitosamente” adaptado por todos los países del continente, pueda liberar a las comunidades indígenas de aquellas imposiciones que el derecho mismo se ha encargado de imponer a lo largo de la historia. Desde la llegada del hombre “moderno” a América, es evidente que la relación entre la clase dominante y esta comunidad ha sido marcada por la dominación, la explotación y la extinción de aquellos pueblos que ahora las constituciones políticas y los estados se empeñan tanto en proteger por su condición de “minorías”. Es por esto que quiero exponer cómo el derecho, para el caso de los indígenas en México, se ha presentado como una herramienta que, incluso desde su búsuqeda emancipatoria, ha conformado un proceso conservador de aquellas imposiciones históricas que se contraponen a la reivindicación de la cultura y los derechos en América latina.
Si se tiene en cuenta que aproximadamente un 11% de la población en México es considerada como perteneciente a una comunidad indígena, y que, además de esto, se presenta una pluralidad cultural y social dentro de esta comunidad, en donde existen sesenta y dos pueblos indígenas con matices culturales diversos, es imposible no relacionar el derecho en México con los problemas que afronta la comunidad indígena mexicana en la actualidad. Aunque el derecho en México pretende incluir a esta comunidad dentro de las funciones estatales, como lo muestra su Constitución, éste parece estar más involucrado en la alienación y el decaimiento de las condiciones del indígena que en la preservación de éstos y su “emancipación” frente a las condiciones sociales que afronta Latinoamérica en la actualidad. Rasgos comunes como la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, el autoritarismo y la discriminación, entre muchos otros, se ven acentuados en las comunidades indígenas; aquellos elementos que son considerados como propios de la identidad cultural del país ahora sufren un proceso de extinción en consecuencia por la globalización y la destrucción de la diversidad, que surge de aceptar una cultura y una organización social como un todo.
Es por esto que el derecho, incluso desde su punto de vista emancipador, parece ser excluyente frente a esta comunidad. El hecho de que ésta comunidad en particular sea una de las más afectadas por los cambios sociales que surgieron con la crisis económica que afecta a México en la actualidad demuestra que el derecho no ha desarrollado un mecanismo efectivo de inclusión que respete el derecho de los indígenas a poder mantener una cultura y una identidad propias sin tener que ceder a los requerimientos culturales, tecnológicos y cognoscitivos que ofrece en masa el proceso de globalización. Es más, considero que la visión emancipadora del derecho, tomando como referencia un marco constitucional, está alejando a las comunidades indígenas de su bienestar, de su propia cultura y organización social, interpretando a esta enorme y enriquecedora diversidad como un todo que, desde un punto de vista occidental, debe ser mantenido como una minoría “privilegiada” por los mismos efectos que hicieron que lo que fue una vez una comunidad próspera y dominante se convirtiera en los restos de una cultura con la que ya no logramos identificarnos.
Ahora, tomando como referencia el concepto del derecho como un medio para la conservación de las condiciones históricas de poder, en donde la élite se ha mantenido por encima de cualquier interés social que el derecho pueda representar, es evidente que el proceso de globalización ha permitido que, bajo premisas favorables de aceptación cultural y de integración económica, la representación de las comunidades indígenas, en donde el pueblo Nahua, el Maya y el Zapoteco, que son considerados como los más representativos en México, y que se concentran en su gran mayoría en labores de campo, no tengan mayor acceso a las decisiones y a las políticas aplicadas por el gobierno en su contra. Como lo muestra el estudio hecho por la Organización de las Naciones Unidas, las políticas aplicadas para el “beneficio” de esta comunidad consisten básicamente en la integración de ésta a occidente, por medio de programas bilingües y de capacitaciones técnicas que permitan alcanzar al indígena un puesto en la sociedad mexicana. ¿Qué puede valer esto para una comunidad que por siglos ha buscado mantenerse alejada de aquellas obligaciones e imposiciones occidentales? ¿Es esto una forma de liberarlos de sus precarias condiciones? ¿No es esto el ejemplo más claro de represión y de uso del derecho como instrumento para someter al eslabón más débil de la cadena? El riesgo de extinción que corren más de 20 pueblos indígenas y las pésimas condiciones sociales y culturales en las que se encuentran parece confirmar lo expuesto anteriormente.
Creo que el derecho es un medio para la emancipación de aquellos problemas que afectan a la sociedad. Sin embargo, como ocurre en la actualidad, mientras éste se encuentre en las manos equivocadas, seguirá siendo un instrumento de dominación, no sólo para estas "minorías", sino también para aquellos que no se conforman con una constitución genialmente redactada y quieren ver todos estos principios ejercidos en la realidad.
- Carlos Valenzuela
Si se tiene en cuenta que aproximadamente un 11% de la población en México es considerada como perteneciente a una comunidad indígena, y que, además de esto, se presenta una pluralidad cultural y social dentro de esta comunidad, en donde existen sesenta y dos pueblos indígenas con matices culturales diversos, es imposible no relacionar el derecho en México con los problemas que afronta la comunidad indígena mexicana en la actualidad. Aunque el derecho en México pretende incluir a esta comunidad dentro de las funciones estatales, como lo muestra su Constitución, éste parece estar más involucrado en la alienación y el decaimiento de las condiciones del indígena que en la preservación de éstos y su “emancipación” frente a las condiciones sociales que afronta Latinoamérica en la actualidad. Rasgos comunes como la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, el autoritarismo y la discriminación, entre muchos otros, se ven acentuados en las comunidades indígenas; aquellos elementos que son considerados como propios de la identidad cultural del país ahora sufren un proceso de extinción en consecuencia por la globalización y la destrucción de la diversidad, que surge de aceptar una cultura y una organización social como un todo.
Es por esto que el derecho, incluso desde su punto de vista emancipador, parece ser excluyente frente a esta comunidad. El hecho de que ésta comunidad en particular sea una de las más afectadas por los cambios sociales que surgieron con la crisis económica que afecta a México en la actualidad demuestra que el derecho no ha desarrollado un mecanismo efectivo de inclusión que respete el derecho de los indígenas a poder mantener una cultura y una identidad propias sin tener que ceder a los requerimientos culturales, tecnológicos y cognoscitivos que ofrece en masa el proceso de globalización. Es más, considero que la visión emancipadora del derecho, tomando como referencia un marco constitucional, está alejando a las comunidades indígenas de su bienestar, de su propia cultura y organización social, interpretando a esta enorme y enriquecedora diversidad como un todo que, desde un punto de vista occidental, debe ser mantenido como una minoría “privilegiada” por los mismos efectos que hicieron que lo que fue una vez una comunidad próspera y dominante se convirtiera en los restos de una cultura con la que ya no logramos identificarnos.
Ahora, tomando como referencia el concepto del derecho como un medio para la conservación de las condiciones históricas de poder, en donde la élite se ha mantenido por encima de cualquier interés social que el derecho pueda representar, es evidente que el proceso de globalización ha permitido que, bajo premisas favorables de aceptación cultural y de integración económica, la representación de las comunidades indígenas, en donde el pueblo Nahua, el Maya y el Zapoteco, que son considerados como los más representativos en México, y que se concentran en su gran mayoría en labores de campo, no tengan mayor acceso a las decisiones y a las políticas aplicadas por el gobierno en su contra. Como lo muestra el estudio hecho por la Organización de las Naciones Unidas, las políticas aplicadas para el “beneficio” de esta comunidad consisten básicamente en la integración de ésta a occidente, por medio de programas bilingües y de capacitaciones técnicas que permitan alcanzar al indígena un puesto en la sociedad mexicana. ¿Qué puede valer esto para una comunidad que por siglos ha buscado mantenerse alejada de aquellas obligaciones e imposiciones occidentales? ¿Es esto una forma de liberarlos de sus precarias condiciones? ¿No es esto el ejemplo más claro de represión y de uso del derecho como instrumento para someter al eslabón más débil de la cadena? El riesgo de extinción que corren más de 20 pueblos indígenas y las pésimas condiciones sociales y culturales en las que se encuentran parece confirmar lo expuesto anteriormente.
Creo que el derecho es un medio para la emancipación de aquellos problemas que afectan a la sociedad. Sin embargo, como ocurre en la actualidad, mientras éste se encuentre en las manos equivocadas, seguirá siendo un instrumento de dominación, no sólo para estas "minorías", sino también para aquellos que no se conforman con una constitución genialmente redactada y quieren ver todos estos principios ejercidos en la realidad.
- Carlos Valenzuela
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