Entrevista al Procurador - RCN:
Como se puede encontrar en los ejemplos expuestos anteriormente de autoritarismo, es curioso encontrar que, en un país como Colombia, considerado por muchos como el máximo representante de la política y la cultura occidental en América Latina (título que hemos adquirido gracias a nuestra “afinidad” y dependencia frente a Estados Unidos) exista un nivel tan alto de ineficacia a la hora de evaluar qué tan cerca estamos realmente de consagrarnos como un Estado social de derecho. El referendo reeleccionista, al contrario de lo que podría sugerir el oportuno Estado de Opinión, demuestra por qué es tan evidente la aplicación del autoritarismo en América Latina, como instrumento selectivo para la aplicación de “justicia”. Esto ocurre no sólo porque el “poder constituyente primario” lo permite, citando al Procurador General de la Nación (http://www.youtube.com/watch?v=sOF9y1ZkFIY&feature=related), sino porque esta eficacia está apartándose cada vez de la verdadera intención de darle al pueblo el inmenso poder que representa la Constitución y la necesidad de ésta de adaptarse a las verdaderas necesidades del país. Esta eficacia ha caído en manos ajenas al interés general, trastornando y distorsionando la voluntad popular en el interés particular. A continuación explicaré el concepto de eficacia frente al referendo reeleccionista y el valor de esto para la consolidación del Estado Social de Derecho.
Para entender el concepto de ineficacia, hay que evaluar de qué forma ha sido formulado nuestro modelo constitucional en función de los intereses sociales. La Constitución colombiana es el producto de la integración de un modelo ideal en occidente en relación con un factor fundamental que sustenta el desarrollo de la responsabilidad estatal: Los derechos fundamentales del hombre. Sin embargo, la idealidad de la Constitución colombiana refleja un error particular, en donde la universalización del concepto de derecho occidental ha permitido que la realidad colombiana sea expuesta a falsas premisas y conceptos imprecisos que, en vez de ayudar, dejan a los colombianos sin herramientas eficaces para contrarrestar los efectos producidos por nuestra condición actual. Desempleo, corrupción, desigualdad, pobreza, violencia y desplazamiento, entre muchísimos otros, son los problemas ACTUALES en los que un Estado Social de Derecho verdaderamente interesado en el bienestar general del país debería centrarse. Es por esto que la Constitución debe ser capaz de adaptarse al cambio y al desarrollo de nuestra sociedad, sin que esto represente que cualquiera con la capacidad de manipular los medios para que una reforma constitucional se dé de forma corrupta e interesada esté en la libertad de hacerlo, pasando por encima no sólo de una formalidad necesaria, sino de todo un país que, si no es que está engañado, es incapaz de hacerle frente a una eficacia autoritaria que ha crecido y se ha fortalecido tanto durante los últimos ocho años.
Sin embargo, es evidente que, dentro de los intereses del gobierno actual e incluso del mismo Procurador, que debería representar y defender al pueblo y no a una ilusoria “voluntad de las mayorías”, sí se puede hablar de cierta eficacia. Es evidente que el autoritarismo le ha servido al presidente lo suficiente como para asegurar que sus posibles sucesores sean tan capaces como él de burlarse de la Constitución, de aquellos que le vendieron el alma a la Seguridad Democrática y a Unos pocos beneficiados de este gobierno y, sobre todo, de un país que recupera un poco de esperanza con el fallo de la Corte Constitucional, que imposibilita un referendo reeleccionista. Este fallo, más que un avance para el país, es el detonante de un proceso que apenas está comenzando y que debe tener como resultado la consolidación de una eficacia instrumental que no esté alejada de los intereses simbólicos y representativos de nuestra Constitución, lo suficientemente cercana a la realidad y a las necesidades sociales como para no caer otra vez en regímenes engañosos. El autoritarismo y la ineficacia continuarán siendo un factor común en el derecho colombiano con o sin Uribe, pero ahora que esta problemática está expuesta de la misma forma en que estuvo después de la caída de personajes como Alberto Fujimori o Augusto Pinochet, ya se puede comenzar a hablar de un cambio (no Radical, por supuesto).
Es por esto que la ineficacia en cuanto a la constitucionalidad de las necesidades sociales tiene tanto valor para la consolidación de un Estado Social de Derecho como el nuestro. Este rasgo particular del Estado demuestra lo lejos que estamos de alcanzar un nivel aceptable de coherencia entre lo que está escrito y la forma como esto es aplicado a la realidad, con ejemplos como el referendo reeleccionista y la postura del Procurador General de la Nación, y qué tan vulnerable está Colombia de ser tomada por “caudillos”, como ha ocurrido en otros países de América Latina. Sin embargo, con ejemplos como el fallo de la Corte Constitucional, se presenta una oportunidad de fortalecer la Constitución para que sus reformas sean la mejor forma de lograr una eficacia instrumental y no un pretexto para cultivar intereses particulares en nombre del “pueblo”.
- Carlos Valenzuela
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